¿Donde estaba la Fiscalía cuando las vacas gordas y se lucraban los ayuntamientos, administrciones (local, andaluza, estatal), comercio, empresas, notarias, corredores, etc.?, es el comentario de un lector al artículo publicado en el Diario de Cádiz, 26.05.10, ”La Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz afirma que uno de los principales problemas a los que se enfrenta es la falta de colaboración de los Ayuntamientos cuando debe ser cumplida una sentencia que ordena demoler una vivienda construida ilegalmente. Con demasiada frecuencia, señala, alcaldes y concejales de Urbanismo plantean serios problemas. Hasta tal punto, que en ocasiones la Fiscalía se ve obligada a advertirles de que cometen un delito si continúan con su labor de entorpecimiento del derribo acordado por una resolución firme”
“Al hilo de esa queja, la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz insiste en alertar sobre algo que ya advirtió en su día el anterior fiscal de ese departamento, hoy asesor del ministro de Justicia, Ángel Núñez: la creación de lobbies defensores de lo construido ilegalmente” y que “Con ocasión de los denominados procesos de regularización de viviendas ilegales, aunque no sólo en tales casos, los propietarios de construcciones ilegales constituidos en asociaciones "se convierten en auténticos grupos de poder que tratan de imponer la línea que deben seguir los Ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística", anota la Fiscalía.
“Tales grupos, agrega, "no sólo exigen la legalización de sus edificaciones, muchas de ellas incursas en procedimientos penales, sino que, con base en su supuesta incapacidad para hacer frente a los gastos, además tratan de que todo lo que supone la ejecución de infraestructuras, dotaciones y servicios públicos (proceso que en estos casos es especialmente gravoso precisamente porque la edificación se ha hecho al margen de toda previsión) se finalice con fondos públicos".
“La Fiscalía sostiene que esos grupos que organizan manifestaciones en las que se reivindica la inobservancia de la legalidad urbanística, "ante la pasividad del resto de los ciudadanos, acaban en muchas ocasiones imponiendo sus planteamientos".
Aparte de esta clara denuncia que la Fiscalía hace de los Ayuntamientos, deducimos que critica de una manera generalizada, y entiendo por ello bastante injusta, a los colectivos de vecinos de asentamientos "ilegales. Hace un discurso generalizado en contra de colectivos de vecinos que tienen derecho a defender sus intereses frente a los planes abusivos que aprueban los ayuntamientos de turno como única vía para su regularización y además parece que la Fiscalía arenga al resto de los ciudadanos ("ante la pasividad del resto de los ciudadanos") para que se pongan en contra de los propietarios de las viviendas ilegales. Desde luego no menciona ni establece distinción entre las distintas situaciones y circunstancias, por ejemplo entre primeras viviendas, construcciones destinadas al negocio o para la especulación.
¿Donde estaba la fiscalia cuando las vacas gordas y se lucraban los ayuntamientos, administrciones local, andaluza, estatal, comercio, empresas, notarias, corredores, etc...?
¿Qué hace la Fiscalía de Medio Ambiente cuando los ayuntamientos respaldados por La Junta aprueban planes para reclasificar suelos no urbanizables de alto valor ecológico para ponerlo al servicio de grandes promotores para construir apartamentos hoteles y campos de golf?
¿Dónde estaba la Fiscalía mientras, por poner sólo un ejemplo, el Ayuntamiento de Barbate, ante la pasividad o con el consentimiento de administraciones supervisoras, concedió licencias y permitió de manera presuntamente irregular la construcción de apartamentos y de viviendas colectivas en Los Caños al mismo tiempo que se denunciaban a muchos propietarios de viviendas y de negocios familiares, a algunos se les condenaba, y mientras la propia Fiscalía recurría una sentencia para conseguir que se ordenara la demolición de una vivienda particular, todo ello en Zahora y, ahora, parece que le molestan ciertos colectivos de ciudadanos que tienen derecho a defenderse de demasiados y abusivos impuestos que se les quiere imponer por parte de los Ayuntamientos, para tener unos servicios públicos y para poder "legalizar" sus viviendas y sus tierras?
"Muchos ciudadanos hacen lo que pueden porque existen muchas trabas e impedimentos para tener una vivienda digna y cuando se restringe el derecho natural, de poseer una vivienda, por motivos extraños contenidos en leyes y planes creados para que los Ayuntamientos se financien del urbanismo, se incita a la corrupción de los políticos y al delito de los ciudadanos".
Por algo todos los partidos quieren la cartera de Urbanismo a la hora de gobernar.
