¿Donde estaba la Fiscalía cuando las vacas gordas?

Carta al Director (con algunas modificaciones posteriores)

En los comentarios a las declaraciones de la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz publicadas en el Diario de Cádiz de fecha 26.05.10, en los comentarios un lector preguntaba "¿donde estaba la Fiscalía cuando las vacas gordas, cuando se lucraban los ayuntamientos y diferentes administraciones, comercio, empresas, notarias, corredores, etc.?"

Eso ¿Dónde estaba por ejemplo cuando el Ayuntamiento de Barbate, ante la pasividad o consentimiento de La Junta, permitió de manera irregular (ya que había de por medio una anulación de licencia por parte de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Obras Públicas y Transportes) la construcción de algún que otro complejo de apartamentos en Los Caños, al mismo tiempo que se denunciaban y condenaban con diferentes penas a propietarios de viviendas y de negocios familiares de la zona, y además después esta propia Fiscalía (el Fiscal) recurría una sentencia para que se dictase una orden de demolición de una pequeña vivienda en Zahora?

En las mismas declaraciones además critica a colectivos de ciudadanos que se defienden de los agravios y de los abusivos impuestos que les quieren imponer los Ayuntamientos (Chiclana, Vejer, Barbate...), para poder tener acceso a servicios públicos y poder "legalizar" sus viviendas y/o sus tierras, mientras, sin embargo parece que al menos de momento da el visto bueno a los planes que aprueba La Junta (POT de La Janda, Hoteles en Trafalgar) para que se recalifiquen suelos "no urbanizables" de alto valor ecológico (TRAFALGAR, MANGUETA, ETC) y ponerlo al servicio de grandes promotores para construir macro proyectos turísticos, apartamentos, hoteles y campos de golf junto a esos mismos núcleos de "viviendas ilegales".

Parece que leyes y planes se preparan para que los Ayuntamientos se financien con el urbanismo, incitando con ello a la corrupción de los políticos y al delito de los ciudadanos" ya que existen demasiadas trabas para que los ciudadanos accedan a una vivienda digna.