Fecha publicación: 28/10/2011
CÁDIZ, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción ha informado este jueves de que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha admitido a trámite la queja formulada por esta organización por la “multitud de irregularidades e ilegalidades” cometidas en el proceso de tramitación y aprobación del complejo urbanístico El Següesal, promovido por Bogaris Residential 7 S.L en la localidad de Barbate (Cádiz).
Esta “macrourbanización” tiene 467,2 hectáreas, lo que la convertiría en “la mayor de Andalucía” y triplicaría la superficie conjunta de todos los núcleos urbanos de este municipio, según ha recordado la organización conservacionista en un comunicado.
El proyecto incluye 1.690 viviendas y apartamentos, dos hoteles, campo de golf, instalaciones hípicas, colegio bilingüe “de alto standig”, que Ecologistas considera que será “un gigantesco gueto que se asegura será totalmente autónomo”. Además, el proyecto incluye una oferta hotelera “mínima”, sólo el diez por ciento de la edificabilidad total, lo que demuestra, según los ecologistas, que “el verdadero interés es el residencial, unido al especulativo, ya que la empresa promotora dispondrá de una enorme extensión de suelo urbanizable adquirido a precio de rústico”.
Según recuerdan, este proyecto fue excluido del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de La Janda por acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua) del pasado mes de julio. Pero, añaden, paralelamente la Junta estaba tramitando su declaración como complejo “de interés turístico”, que fue aprobado, “en flagrante fraude de ley”, el 26 de julio por acuerdo del Consejo de Gobierno.
Desde Ecologistas en Acción consideran que este proyecto “incumple de forma clamorosa” los límites del crecimiento que estipula el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que no permite crecimientos superiores al 40 por ciento de la superficie urbanizable en ocho años, “cuando El Següesal supondría triplicar la superficie urbana de este municipio”.
Asimismo, recuerdan que estos terrenos están clasificados en el actual PGOU “como no urbanizables”, y en la Revisión del mismo, aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en octubre de 2008, se aumenta su nivel de protección, considerándolos en su totalidad como suelos no urbanizables de especial protección, incluyendo una parcela incluida en el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.
En este sentido, la organización asegura que reclasificar estos terrenos “solo para satisfacer un proyecto especulativo de una empresa concreta, sería un autentico escándalo que nos retrotraería a la época más negra de la especulación y la corrupción urbanística en Andalucía”.
Indican, asimismo, que a pesar de este “cúmulo de ilegalidades”, la consejería de Medio Ambiente ha aprobado la autorización ambiental de este complejo, “lo que supone una auténtica vergüenza”, añadiendo que, además, la mencionada consejería ni siquiera ha contestado a las 101 alegaciones que han presentado, “lo que supone otra manifiesta ilegalidad que también está investigando el Defensor del Pueblo”.
Así las cosas, Ecologistas en Acción solicitó la intervención del Defensor del Pueblo por entender que la Junta de Andalucía está vulnerando los derechos de participación de los ciudadanos en asuntos públicos, y su propia normativa en relación con la ordenación del territorio y del medio ambiente.
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